Una cantidad sin precedente de familias ha estado llegando a la frontera sur de Estados Unidos en el último año, saturando los recursos del gobierno y atiborrando peligrosamente los centros de detención.

De octubre a fines de junio, la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 688.000 migrantes, de los cuales más de la mitad eran familias y menores de edad no acompañados. Aunque gente de todo el mundo ingresa a Estados Unidos por la frontera con México, la gran mayoría provenía de Guatemala, Honduras y El Salvador, países centroamericanos donde la violencia y pobreza han castigado muchas vidas.

En El Salvador, por ejemplo, hay casi 83 homicidios por cada 100.000 personas en un país de más de 6,4 millones de habitantes. En Guatemala, casi el 60% de la población vive por debajo del nivel de pobreza, y las instituciones públicas son débiles y están infestadas de corrupción, convirtiendo a muchas jurisdicciones en prácticamente pueblos sin ley. En Honduras, casi el 65% de la población vive por debajo del nivel de pobreza.

Desde el 2016, el Congreso ha asignado más de 2.600 millones de dólares en ayuda extranjera a países centroamericanos, con la esperanza de que los fondos reduzcan la violencia y pobreza, y frenen la migración hacia el norte. Pero el presidente Donald Trump anunció este año que iba a recortar estos fondos en represalia por el gran número de migrantes que llegan a Estados Unidos de esos países.

Este viaje al norte es largo y peligroso, y a veces los migrantes son víctima de secuestro o robo.

Los que les espera en la frontera también es un desafío.

El gobierno de Trump ha adoptado una serie de nuevas políticas que hacen casi imposible solicitar asilo a través de los cruces fronterizos, incluyendo una reducción espectacular de la cantidad de migrantes a los que se les permite pedir asilo. Los migrantes que quieren solicitar asilo en Estados Unidos son obligados a esperar en México, sumándose a miles de otras personas en una lista de espera. Pasan meses hasta que se les permite acercarse a funcionarios estadounidenses para iniciar el proceso. Las listas de espera son administradas por los mismos migrantes, así como por refugios locales y las autoridades mexicanas. El gobierno estadounidense decide cuántas personas pueden solicitar asilo diariamente, pero hay días en los que no llaman a nadie en algunas ciudades.

Si un migrante es llamado para iniciar el proceso, es dirigido al programa que le obliga a esperar en la frontera mexicana. Lanzado a finales de enero en Tijuana, el programa desde entonces se ha expandido a otras tres ciudades y casi 20.000 migrantes han sido regresados a México para que esperen allí la respuesta a su petición de asilo.

El último anuncio del gobierno de Trump descalifica a todos los solicitantes de asilo que pasaron por otro país para llegar a Estados Unidos. Este cambio, que según activistas pro inmigrantes viola la ley internacional y estadounidense, está siendo apelado en tribunales, y el miércoles un juez federal en San Francisco emitió un interdicto preliminar que impide aplicar dicha política mientras se decide la demanda.

Para los migrantes que ya están en Estados Unidos y tienen procesos pendientes de inmigración, la espera es demasiada larga: un promedio de dos años para una audiencia. Hay casi 900.000 casos a la espera de una audiencia en las cortes de inmigración. California, Texas y Nueva York son los estados con las mayores cantidades de casos migratorios pendientes.

El viaje para los migrantes que buscan una nueva vida en Estados Unidos es largo y difícil, y no termina cuando llegan a su destino. Y aunque el número de migrantes que llegan a la frontera ha bajado en las últimas semanas, en gran parte debido al calor veraniego así como a las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas para detenerlos, es difícil que las autoridades estadounidenses pronostiquen los patrones migratorios que habrá en el futuro.