El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo modelo de cobranza, luego de diversos señalamientos sobre “procesos inhumanos” y prácticas como “juicios masivos” llevados a cabo por los despachos de mediación contratados por esta misma dependencia. 


Un buen número de despachos contratados por el Infonavit para llevar a cabo labores mediación con los acreditados no tenían controles suficientes sobre sus métodos y los pagos que recibían, lo que en algunos casos derivó en abusos y mañas prácticas, aseguraron autoridades de este organismo. 


Actualmente la auditoria del Infonavit investiga a dos despachos por su participación en “juicios masivos”, es decir, la acumulación de juicos de acreditados  demandados pero se sobraban honorarios por servicios individuales y con pocas posibilidades de llegar a un acuerdo que beneficiara al trabajador. 


Además, el gasto destinado estos proveedores aumentó 328% ene el periodo 2013 a 2018 en el que se destinaron 36,000 millones de pesos, en comparación al periodo de 2007 a 2012 en el que se gastó 8,400 millones de pesos. 

En ese sentido, Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto dijo que, a través de nuevas medidas para la licitación se busca erradicar este tipo de prácticas y disminuir el gasto destinado a la contratación de estos despachos. 


“En dicha licitación se contó con la participación de 140 despachos, de los cuales 32 recibieron una dictaminación técnica positiva y 27 recibieron una dictaminación económica positiva, arrojando como resultado la adjudicación de 51 contratos a 19 despachos que proveerán servicios de cobranza en 20 zonas geográficas, quienes privilegiarán la mediación y las soluciones con los acreditados”, detalló el Infonavit, a través de un comunicado. 


Entre las principales medidas del nuevo esquema de cobranza, están apoyar a los acreditados con dificultades de pagar, generar soluciones de conbranza accesibles y financieramente viables, identificar a los créditos de trabajadores que recién perdieron empleo o han caído en impago y contactar inmediatamente a los acreditados para evitar que pierdan el hábito de pago. 


También incluye soluciones administrativas mediante apoyos de reestructura para evitar un mayor deterioro, reasignación de las viviendas recuperadas a nuevos acreditados y busca evitar procesos judiciales que concluyan en la adjudicación de la vivienda y en una eventual afectación del patrimonio de los acreditados.