Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte en la anterior administración estatal y actualmente recluido, acusó de extorsión al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche Espejel.

Por medio de una carta, explicó que a través de un colaborador cercano del fiscal en la denominada “Fiscalía Anticorrupción”, Peniche le exigió 400 mil pesos durante el 2018 a cambio de no detenerlo por las investigaciones en su contra en los “Expedientes X”.

En la misiva, escrita de su puño y letra y que hizo llegar a este medio de comunicación a través de sus abogados, González Tachiquín aseguró que actualmente hay más exservidores públicos “duartistas” siendo extorsionados, por lo que anunció que demandará penalmente al titular de la FGE por los delitos de extorsión, amenazas, inadecuada administración de la justicia y discriminación.

“El argumento que me dio (para la extorsión) fue ‘tu casa está limpia, pero te la podemos ensuciar’. A finales de diciembre de 2018 y después de estar pagando la extorsión por 12 meses, me volvió (el fiscal) a exigir más dinero, lo que ya no estuve en condiciones de pagar y como por arte de magia me aprehendieron diez días después con todo un montaje mediático y a pesar de estar amparado contra cualquier aprehensión”, acusó.

El exsecretario particular del exgobernador César Duarte fue detenido por la FGE el pasado 8 de enero en esta ciudad en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez de Control.

A la fecha permanece recluido en prisión sujeto a tres procesos penales por el delito de peculado agravado, por presuntos desvíos de 1.2, 1.7, y 23.2 millones de pesos.

“Los últimos tres años han utilizado todo a su alcance para desacreditarme e inhabilitarme políticamente, intentando involucrarme con un red de corrupción de la que nunca he formado parte”, denunció en la carta.

Continuó: “En distintos momentos, entre octubre de 2016 y hasta la semana pasada, estuve en contacto con funcionarios públicos de primerísimo nivel para aclarar las supuestas irregularidades. Dichos personajes incluyen al gobernador (Javier Corral), su esposa (Cinthia Chavira) y el fiscal general (César Peniche), hasta varios secretarios estatales, directores, diputados federales y locales, senadores e integrantes del Poder Judicial.

“De mis gestiones lo único que obtuve fue que en diciembre de 2017, el fiscal general del Estado, por conducto de uno de sus colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción, me exigía pagar una extorsión de 400 mil pesos”.

Indicó que hay  tres razones por las que “ilegalmente” sigue en prisión: “Por el apoyo otorgado al Sindicato de Maestros para los festejos estatales y rifas del Día del Maestro 2015, un apoyo que tiene 30 años otorgándose y que el propio Gobierno del Estado otorgó este año. El monto fue de un millón 700 mil pesos.

“Dos, por el pago de 23 millones de pesos a la empresa de la Ciudad de México, Explocean S.A. de C.V., por gestiones que significaron que el Estado recibiera más de mil millones de pesos adicionales del Gobierno federal”.

“Tres, por la entrega de materiales a maestros por un millón 200 mil pesos que fueron solicitados y pagados cuando yo ya ni siquiera era funcionario público”, señaló.

En la carta recibida por El Diario, González Tachiquín habló de irregularidades y violación a su proceso penal. “Fui amparado por el Poder Judicial federal en abril de este año para que de inmediato se me pusiera en libertad, por ser inconstitucional el obligarme a llevar mi proceso en prisión. Pero al día de hoy ni el Poder Ejecutivo del señor gobernador Javier Corral, ni el Poder Judicial del señor magistrado Pablo Héctor González Villalobos han acatado dicha orden federal”.

Indicó que “el fiscal general Peniche habilitó a testigos que declararon falsamente en mi contra, dándoles para no detenerlos o para liberarlos por otros delitos por los que estaban detenidos, me refiero, entre otros a Jaime Herrera (exsecretario de Hacienda, quien autorizó todos los pagos y que ahora lo obligan a decir que fueron ilegales), Ricardo Yáñez (exsecretario de Educación) y Patricia Banderas, esta última quien textualmente declaró que no me fueran a dejar en libertad porque soy muy vengativo y tiene mucho miedo de que vaya a atentar contra ella, cuando todos los que fueron nuestros compañeros de trabajo en Pensiones Civiles del Estado y en Educación saben perfectamente lo generoso, respetuoso y caballero que siempre fui con ella”.

“Este fue el único argumento que la juez de consigna y exalumna mía en el Tecnológico de Monterrey, Abigail Sosa, ‘Abby’, utilizó para injustamente mantenerme preso a pesar de haberle presentado un estudio elaborado por el propio Tribunal de Justicia que avala que yo no represento ningún tipo de riesgo”, concluyó la carta.

Este medio de comunicación solicitó ayer antes del cierre de esta edición una respuesta del fiscal Peniche a las acusaciones hechas por el procesado, sin tener una respuesta oficial.