Un juez federal condenó a seis meses de prisión a dos ex funcionarios del ISSSTE por la contratación indebida de servicios de atención telefónica y actualización de la base de datos de derechohabientes, por un monto de 7 millones 634 mil 793 pesos.

Se trata de un contrato adjudicado sin licitación, en el que no hubo entregables, se falsificaron registros de comprobación y el proveedor cedió los derechos a un tercero para cobrar los servicios, un mecanismo similar al de la llamada "Estafa Maestra".

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sentenció ayer a Gregorio Maruri Peralta, ex jefe de Servicios de Planeación, y a Diego Samuel González Camarillo, ex subdirector de Tecnologías de la Información del ISSSTE, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Se les impuso seis meses de prisión y la inhabilitación por el mismo periodo, una multa de 6 mil 233 pesos, la cancelación de sus derechos políticos y el pago de la reparación del daño en forma solidaria, aunque delegó fijar el monto a un juez de ejecución de sanciones.

En audiencia, el impartidor de justicia también absolvió a Ricardo Germán González Aréchiga, coordinador Administrativo de la Dirección de Tecnologías de la Información del instituto, al estimar que no existen elementos que lo relacionen con el delito.

"Me quedó claro en el juicio que en este asunto la Fiscalía dio cuenta sólo de una parte de un mecanismo de corrupción, con la finalidad de establecer unas conductas que causaron un daño al erario", dijo el juez Zúñiga.

Concedió sustituir la pena de prisión con trabajos en favor de la comunidad o el pago de otra multa, dado que la penalidad del delito lo permite, razón por la que es casi un hecho que no pisarán la cárcel.

Zúñiga dejó en claro que imponía la penalidad mínima porque los fiscales federales, quienes le pidieron sentenciar a Maruri y González a la pena máxima de 12 años de cárcel, no ofrecieron pruebas para establecer el grado de culpabilidad.

También dijo que no iba a cuantificar la reparación del daño, porque la FGR tampoco ofreció pruebas para establecer con precisión el perjuicio patrimonial al ISSSTE y sus actualizaciones, dado que los hechos son de 2011.

Según la FGR, a fines de 2011 se adjudicó sin licitación a la empresa Telmark Contact Line el contrato para la atención de solicitudes de citas médicas, vía telefónica e internet, y la actualización de datos de los derechohabientes del ISSSTE, por un monto de 7 millones 634 mil 793 pesos.

En 2015, el Órgano Interno de Control del Instituto auditó el convenio y detectó que en las bitácoras de comprobación había 46 mil registros de llamadas telefónicas falsas, incluso una llamada telefónica con la que un usuario solicitó una cita médica estaba repetida 4 mil veces.

Lo grave del caso es que desde 2012 la Universidad del Estado de México (UAEM) había revisado el cumplimiento de este contrato y reportó que los servicios estaban debidamente prestados.

Adicionalmente, el 17 de enero de 2012 el ISSSTE pagó los más de 7 millones; sin embargo, Telmark Contact Line no cobró ningún peso, pues pidió que el dinero fuera depositado a una razón social identificada como Servicios de Personal del Estado de México.

Es por ese motivo que la FGR sostiene que el instituto pagó por servicios no prestados y los recursos fueron triangulados a un tercero ajeno al convenio.