Una agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo por primera vez un amparo en calidad representante social con el que se logró proteger los derechos vulnerados entre ellos, la intimidad de dos niños, víctimas de una agresión sexual.

 

El juicio de amparo obedeció a que un Juez de Control aprobó la solicitud realizada por un abogado defensor en el que se ordenaba a Servicios Periciales que otorgara las baterías de prueba psicológicas que se les realizó a los menores que fueron víctimas de una violación.

 

Ante esta situación la Coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia, llevó a cabo las diligencias necesarias, ya que consideró que dicha orden, vulneraba el interés superior de los niños, además de que violentaba su intimidad.

 

Por lo anterior, el Juez de Distrito resolvió que al ser entregadas las baterías de prueba se violaba el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 16 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues la información vertida es confidencial y ni siquiera la Fiscalía tiene conocimiento.