“Cierto, no tengo la suspensión definitiva, pero me quieren juzgar con una ley, la de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte”, dijo el magistrado Jorge Ramírez, tras confirmar que había presentado una denuncia ante la justicia federal contra el gobernador Javier Corral y otras autoridades.

Ramírez Alvídrez se encuentra sin despachar en la Primera Sala de lo Penal luego de que le fuera negada la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que había demandado tras su desafuero.  “Pero sólo estoy extremando precauciones”, declaró. 

“No tengo la protección del amparo, en efecto, pero tampoco existe la ley con la que me procesaron indebidamente desde el principio y por lo tanto no puede existir todo lo que se me hizo al amparo de esa ley, como el desafuero”, indicó.

Ramírez Alvídrez envió la tarde del pasado lunes a los juzgados federales una denuncia formal en la que asentó ser persiguido con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual había sido desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La denuncia establece los antecedentes de su caso, la investigación que inició el Poder Judicial del que forma parte y la Fiscalía General del Estado, así como el proceso de desafuero al que fue sometido por el Congreso del Estado. Asimismo señala cómo un juez federal le otorgó primero la suspensión provisional dentro del juicio de amparo que promovió y cómo después de ser restituido como magistrado, se le detuvo en el mes de marzo, violando su fuero, para luego ser liberado e instalado en su sala nuevamente.

La querella también establece que el 27 de julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno, invalidó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

No obstante la invalidez de la ley, el pasado lunes la justicia federal negó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo que había presentado Ramírez Alvídrez, lo que anunció de forma oficial el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Alberto Espinoza Cortés.

“En dicho amparo se reclamó la legalidad de la resolución de la declaración procedencia por parte del Congreso del Estado y su separación del cargo de magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior del Estado, para que fuera investigado por la Fiscalía General del Estado respecto de su participación en diversos ilícitos”, señaló Espinoza. El funcionario estatal agregó que con la decisión del juzgado federal se revocan los efectos de la resolución dictada en el mes de marzo (la suspensión provisional) y que temporalmente benefició al “exmagistrado” para no ser presentado ante la justicia para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito.

Ante esa suspensión definitiva negada, Ramírez Alvídrez también presentó una queja para que la decisión sea revisada por un tribunal colegiado, que determinará la validez o no de la resolución negativa del juez federal.

Adicionalmente, el magistrado presentó la denuncia ante la justicia federal, en la que acusa al gobernador Javier Corral, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González Villalobos, al fiscal general César Augusto Peniche y al Poder Legislativo, de aplicarle una ley que no existe. 

De acuerdo al procedimiento de la justicia federal, una vez admitida la denuncia por un juez federal se deberán solicitar informes a las autoridades señaladas, para que respondan si en efecto aplican o no la inconstitucional Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en el caso de Ramírez.

De acuerdo a la respuesta que den las autoridades la justicia federal podría iniciar acciones contra las mismas o declarar inválida la denuncia. Hasta ayer no se conocía en qué juzgado se radicaría la denuncia enviada por Ramírez, pero pudo confirmarse con él el hecho de que había sido presentada.

“No estoy escondido, sólo extremo precauciones”: Ramírez 

El magistrado Ramírez fue buscado para entrevista, pero respondió que no estaba en posibilidad de hacerlo por las condiciones legales que enfrentaba.  Sin embargo confirmó brevemente que en días pasados presentó un recurso de queja por la resolución que le niega la suspensión definitiva y una denuncia contra el mandatario estatal y otras autoridades por el uso de una ley que no existe. 

“Lo que he presentado es una queja por la resolución que me niega la suspensión definitiva y una denuncia muy simple porque me quieren aplicar una ley inconstitucional”, explicó.

Sobre su situación laboral en la Primera Sala de lo Penal dijo que no se encontraba en su oficina, pero que tampoco estaba escondido, sólo extremaba precauciones “por cualquier cosa que pudieran inventarse”.

Reconoció que no cuenta con la protección del amparo y que su situación es compleja, pero que la seguirá enfrentando de la misma forma como lo ha hecho con todo el proceso que se le inició “por las supuestas sospechas de un delito”.

“Pero estoy tranquilo porque no es un amparo o una suspensión lo que está en juego, que eso voy seguir en su curso jurídico. Es la ley ahora inconstitucional de la que siempre me dolí”, manifestó finalmente.

EL DIARIO DE CHIHUAHUA