Por: Víctor M. Quintana S.

El sistema de justicia en Chihuahua estos días atraviesa momentos decisivos. Se están poniendo a prueba su imparcialidad, su apego al estado de derecho, sus competencias institucionales y las capacidades de las personas encargadas de impartir justicia.

Dos casos muy polémicos, muy ventilados en la opinión pública, muy cargados de implicaciones meta judicial son los que están sobre la mesa: el del presunto abuso sexual en perjuicio de una menor que se le imputa al sacerdote Aristeo Baca. Y el del presunto cohecho recibido por la alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de manos del entonces gobernador, César Duarte Jáquez, ahora detenido con fines de extradición en los Estados Unidos.

En uno y otro caso hay factores externos a la Litis del juicio que se tratan de hacer pesar sobre los juzgadores: en el caso del Padre Aristeo Baca, sus indudables aportes a la comunidad, su trabajo en favor de los pobres, de las personas mayores, de las personas que no cuentan con recursos para acudir a ciertos servicios médicos.

En el caso de María Eugenia Campos, al menos así lo alegan sus defensores, el hecho de que sea pre candidata del PAN a la gubernatura del estado. El que la acusación que ahora se blande en su contra se haya presentado hasta muy recientemente, con la muy clara intención de descarrilar su precandidatura por parte del gobernador, así lo argumentan. Incluso se aduce que a estas acusaciones se suma MORENA para deshacerse de una peligrosa adversaria en los comicios de este año.

Uno y otra son presentados por sus aliados y defensores como víctimas. Cuentan, el primero con un enorme capital simbólico y la segunda, con un enorme capital político – y seguramente con importantes ayudas económicas- y un equipo con importantes nexos con el aparato judicial,  que pretenden hacer pesar sobre las y los juzgadores.

Pero eso no debe empañar la impartición de justicia. Porque del otro lado están las víctimas. En el primer caso se trata de una niña, en primer lugar y de una familia de escasos recursos que tiene que hacer frente a las consecuencias psicológicas, psicosociales y familiares del abuso. 

En el caso de la ex alcaldesa de Chihuahua, la víctima no es personal, pero no por eso deja de ser muy concreta: el pueblo de Chihuahua. Los recursos sustraídos del erario para entregarlos de manera ilícita a personas, implican desviar partidas que deberían usarse en todos los casos para propósitos sociales, para la atención de derechos no cubiertos. Por ejemplo, con un millón de pesos que se lleva una persona se podrían cubrir 250 salarios mínimos por un mes. O se podría otorgar el subsidio mensual de mil 325 pesos a 63 personas con discapacidad. 

Ni las relaciones políticas. Ni las habilidades o tretas jurídicas. Ni las maniobras dilatorias. Ni los quejumbres fingidos ante la opinión pública. Nada de esto debe pesar sobre quienes deben impartir justicia pronta, expedita y pública a las víctimas en estos dos juicios. El Poder Judicial de Chihuahua nunca como ahora debe sacar la casta. Nunca como ahora debe demostrar que juzga basado en principios y no en un formalismo jurídico decimonónico del derecho por el derecho. El Poder Judicial nunca como ahora está obligado a demostrar que no lo constituye una burocracia costosa, arrogante, insensible y dúctil a los poderes, sino un grupo de personas valientes, capaces y comprometidas hasta los tuétanos con la justicia, la Ética que funda el Estado de Derecho y con el combate a la impunidad en todas sus formas.

Si lo demuestra o no lo dirán las víctimas.