El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) consiguió una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para Bianca Anayet Arriaga Arzate, tras acreditar su participación en el asesinato de un hombre en agosto del año pasado, en este municipio.


La sentenciada e señalada de ser integrante de una célula de La Familia Michoacana relacionada con extorsiones a diversos negocios y diversos homicidios registrados en el Valle de Toluca.


La Autoridad Judicial le fijó también multas de 247 mil 608 pesos y 269 mil 123 pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.


Estos hechos se registraron el día 20 de agosto del año 2020 cuando tanto la víctima como la ahora sentenciada y otro sujeto viajaban a bordo de un vehículo compacto y al llegar a un camino de terracería en el poblado Santa María Nativitas, en el municipio de Zinacantepec, Arriaga Arzate y su cómplice descendieron de la unidad automotora.


Ambas personas sometieron a la víctima y la bajaron del vehículo referido luego la colocaron en el suelo y le dispararon con un arma de fuego, ocasionándole la muerte. Los probables homicidas luego huyeron del lugar.


Por estos hechos fue integrada la carpeta de investigación respectiva y con el avance en la indagatoria fue posible identificar a Bianca Anayet como probable partícipe de este homicidio.


Cabe mencionar que derivado de las indagatorias hechas por la FGJEM se pudo establecer que esta mujer era integrante de una célula de La Familia Michoacana relacionada con extorsiones a diversos negocios y diversos homicidios registrados en el Valle de Toluca.


Por ello, el pasado mes de octubre Arriaga Arzate y ocho personas más, supuestos integrantes de dicha célula criminal, fueron capturados por elementos de la Fiscalía Estatal, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de un Juez, para que determinara su situación legal.


En junio se expandieron a Guerrero


Pobladores del sur de Guerrero denunciaron estar cercados en su pueblo en la comunidad de el Pescadito, por miembros de la Familia Michoacana

Organizaciones civiles legitimaron los videos en los que habitantes del municipio de Coyuca de Catalán, en la frontera con el estado de Michoacán, denuncian los ataques del cártel, por lo que cientos de ellos están atrapados en un ejido en medio de balazos.


“Urgimos a Héctor Astudillo (gobernador de Guerrero), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), garantizar la protección, integridad y asistencia a las familias afectadas”, pidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).


Los habitantes aseguran que llevaban cuatro días encerrados porque los sujetos armados intentar ingresar a sus tierras a la fuerza.


Una mujer, que dirige la página de Facebook del “Ejido Guajes de Ayala”, aseguró que cerca de 100 personas, entre ellas 50 menores de edad, están en un centro de salud de esa comunidad mientras los hombres del pueblo se enfrentan a los criminales armados. La ciudadana también señaló que helicópteros de las autoridades han sobrevolado el área, pero han desoído sus peticiones de auxilio, según informó una agencia de noticias internacional.


Desde principios de 2012, la ambición por controlar los plantíos y la distribución de amapola y marihuana, llevó a los pistoleros a asesinar y desplazar a las familias que habitaban en la región de la costa grande del estado de Guerrero.