Para la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la periodista Marcela Turati, la antropóloga Mercedes Doretti y la abogada Ana Lorena Delgadillo fueron sospechosas de la masacre de San Fernando, por lo que entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de las defensoras de los derechos de los migrantes.


The Washington Post dio a conocer que la autoridad realizó diligencias en contra de las tres mujeres, además, se ayudaron de poderes legales para vigilar a las mujeres, como registros telefónicos y mensajes de texto, asimismo, la Policía Federal mapeó sus comunicaciones.


De acuerdo con el diario, la investigación fue de más de 200 páginas y se realizó de forma secreta.


Este tipo de acciones, brindan una mirada poco común de la forma en que México vigila no sólo a criminales, sino también a activistas de derechos humanos, periodistas y críticos.


En el texto de The Washington Post, la autora Mary Beth Sheridan puntualiza: “En México, hay una ley que otorga a los fiscales autoridad para controlar las comunicaciones de los sospechosos, encarcelarlos sin cargos y limitar su acceso a abogados. Fue aprobada en 2008 para luchar contra grupos narcotraficantes tan poderosos que el gobierno mexicano los consideraba una amenaza existencial. Sin embargo, la medida se ha utilizado en los últimos años contra políticos acusados de corrupción, ejecutivos de empresas sospechosos de fraude e incluso 31 científicos acusados de irregularidades presupuestarias.”


Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch aseguró que la investigación de las tres mujeres es un caso extremadamente revelador “de un sistema judicial disfuncional e incompetente que se utiliza habitualmente para el abuso de poder.“


En este contexto, no hay indicios de que la investigación haya revelado alguna evidencia de irregularidades por parte de las tres mujeres, en consecuencia, nunca se presentaron cargos.


Fue la Unidad de Crimen Organizado quien abrió una investigación de secuestro como parte del caso de la masacre de San Fernando, aunque no hubo alegatos de que las tres mujeres estuvieran involucradas en algún secuestro.


Fue así que los investigadores enviaron una orden “extra-urgente” a las compañías telefónicas mexicanas para entregar los registros de todas las llamadas y mensajes de texto iniciados o recibidos por Turati, Delgadillo y Doretti a partir de febrero de 2015, además de información sobre sus ubicaciones durante cada llamada. “Tenían un mapa perfecto de lo que estábamos haciendo durante un año”, dijo Delgadillo.


“Lo que comenzó como una excepción se está convirtiendo en la regla”, dijo al diario estadounidense José Ramón Cossio, ex juez de la Corte Suprema. “Mi preocupación es que cada vez que los fiscales no tienen la capacidad de investigar o construir un caso, lo utilizan esto para crear acusaciones”.


Así se dio uno de los casos más controversiales de las últimas semanas, en que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.


En consecuencia, la comunidad científica mostró su solidaridad mientras que un juez rechazó dos veces una solicitud de encarcelar a los científicos, citando la falta de pruebas.


La masacre de San Fernando


Fue en 2010, cuando 72 personas, muchas de ellas migrantes de Centro y Sur América, fueron abandonadas en una bodega luego de recibir un disparo en la cabeza. La bodega era propiedad del Cártel de Los Zetas. Y, a diez años del suceso, también es un recordatorio de la impunidad que goza el crimen en el país y la negligencia del Estado en la procuración de los derechos humanos dentro del territorio.


Trece de los asesinados eran guatemaltecos (más 24 hondureños, 14 salvadoreños, 5 ecuatorianos, 3 brasileños, 1 hombre de India y 12 personas que no fueron identificadas), de acuerdo con las autoridades, 5 de ellos formaban parte de un grupo que salió de Guatemala el 2 de agosto de ese año.

Después de la masacre, el gobierno mexicano envió los restos de cinco personas a las familias de algunos desaparecidos del grupo.


Un año después, hubo una “segunda” Masacre de San Fernando, en la que 193 personas fueron sacadas de los buses en los que viajaban, asesinadas y enterradas en fosas comunes. Durante esta segunda Masacre de San Fernando se descubrió que la policía ayudó en tareas de vigilancia y en el secuestro de algunas víctimas.